Proteger el Derecho a la Alimentación no corre prisa

Entre las consecuencias del acaparamiento de tierras destaca el desplazamiento de indígenas, campesinos y pescadores artesanales que quedan relegados al hambre y a la pobreza, la privatización de tierras y del agua, la pérdida de tierras para la producción local y nacional, el incremento del precio de los alimentos, el agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad y la aceleración del cambio climático por el modelo agrícola industrial que produce desforestación y, en definitiva el incumplimiento del principio de soberanía alimentaria.

“En un mundo globalizado, el de la economía globalizada, creo que no basta con que España se limite a suscribir acuerdos internacionales y luego diga que no los puede hacer cumplir porque trasciende de sus fronteras”.

“Pues que el Estado tanto por obligación de acción o por omisión lo que tiene que hacer es hacer cumplir aquello que suscribe, y lo puede hacer de muchísimas maneras”.

Así introducía la diputada Laia Ortiz la necesidad de asumir la llamada “responsabilidad extraterritorial de los estados” recogida en la declaración de Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales (ETO). Los Principios ETO fueron redactados por un grupo de 40 expertos/-as distinguidos/-as en derecho internacional y derechos humanos, provenientes de todo el mundo, reunidos/-as por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht. Los principios ETO han sido considerados como un enriquecimiento vital para el campo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y una herramienta clave para el derecho a la alimentación, y para los movimientos por la soberanía alimentaria.

La propuesta está basada en la campaña “Paren, Aquí Vive Gente”  promovida por VSF pide al gobierno español que impulse el principio de responsabilidad de los Estados, desarrollando "herramientas objetivas, transparentes y públicas de control" para evitar la vulneración del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria que las empresas puedan generar fuera del territorio español, en concreto se centra en la responsabilidad de los estados sobre las empresas que acaparan recursos productivos como lo es la tierra.

Lamentamos la indiferencia de nuestros representantes ante el clamor de sociedad civil y su falta de voluntad política a la hora de poner en marcha los mecanismos para cumplir la obligación de respetar, proteger y promover el derecho a la alimentación. El estado español ha ratificado el derecho a la alimentación (DDAA) de las Naciones Unidas, sin embargo se niega a poner en marcha los mecanismos de control para prevenir que se den casos como  el de Ebro Foods, una transnacional arrocera con capital público proveniente del estado español, que está ocupando tierras y recursos naturales en  Marruecos, según han denunciado las comunidades campesinas de la zona (Ver informe).