Una ley contra los pueblos

30/07/2013 - 09:51

El Gobierno ha aprobado, deprisa y sin consenso, el proyecto de ley llamado de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, que en la práctica convierte a la población rural en ciudadanos  y ciudadanas de segunda.  El proyecto además no ha contado con la participación de la sociedad civil ni de las plataformas de pueblos y entidades menores, se ha hecho a escondidas aprovechando el período vacacional. El supuesto objetivo de la ley es buscar la racionalidad y el ahorro económico, sin embargo lo que  esconde una vuelta de tuerca más en el avance de las políticas neoliberales y el exterminio de todo lo público.

Un 20% de la población del estado español reside en zonas rurales, a todas estas personas la les ley arrebata de un plumazo la capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida.  Esta ley  desmantela 3200 entidades menores y 1024 Mancomunidades, buscando descaradamente la privatización  de los servicios públicos que éstas gestionan. Los servicios públicos rurales se derivarán a las Diputaciones Provinciales, eso significa que se concentrarán los servicios públicos y se dará su gestión a una empresa privada, así de fácil.

Pero no sólo se trata de servicios públicos, hay otro bocado apetecible, se trata ni más ni menos que la privatización de  los bienes comunales, montes, etc… que en su mayor parte son gestionados por estos pequeños pueblos desde hace siglos,  despojándoles de sus legítimos derechos que habían conseguido mantener hasta la fecha. Con esta reforma estos recursos naturales pasarán  manos de una diputación y acto seguido a grandes empresas del agro-negocio, el turismo, empresas extraccionistas que se lucrarán con el patrimonio de todos.

Sería bueno que el Gobierno recordara los efectos desastrosos de  última privatización de montes en España que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando miles y miles de hectáreas de bosque fueron  arrasadas y deforestadas, sólo en 1859  el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes logró salvar de la desamortización 6 millones de hectáreas . Esa gran desamortización causó erosión, desertificación,  inundaciones y sumideros de carbono acabando con lo que hoy llamamos  biodiversidad y cultura, un enorme patrimonio ambiental de todos y todas cuyo valor no tiene precio, aunque algunos Ministros se  afanen en ponérselo.

Javier Guzmán

Territorio: 
Estado Español