Conflicto agrario en Guatemala. La Historia guatemalteca está plagada de episodios de despojo y desalojo de las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios. La conflictividad agraria fue uno de los principales detonantes de los 36 años de guerra que se vivieron internamente. Con la Paz y sus tratados (Diciembre de 1996) el conflicto no fue resuelto y para mitigar el problema se instituyó un mecanismo de entrega de tierras mediado por un mercado que lo que favoreció fue la especulación y el endeudamiento de las comunidades que pudieron entrar en ese sistema.
Las estrategias que campesinos y campesinas han adoptado para sobrevivir a las extremadamente desfavorables condiciones que el Estado y la oligarquía local, les ha impuesto ha pasado por el régimen de colonato que ha “funcionado” hasta hace aproximadamente 5 años. Se trataba de un contrato que las comunidades celebraban con los patronos de las fincas por medio del cual ellos entregaban pequeñas parcelas a los colonos a cambio del trabajo que realizaban en sus plantaciones. A pesar de los salarios de miseria que los patronos pagaban (nunca alcanzaron el salario mínimo establecido) las parcelas que cultivaban garantizaban la seguridad alimentaria de las familias campesinas al menos durante una buena parte del año. La parte que no se cubría con este sistema, obligaba a las familias a migrar a la costa en busca de trabajo temporal en la agricultura, a migrar al Sur de México o a los EEUU.
Con la irrupción de los agronegocios, las tierras están siendo sometidas a una sobre explotación que no permite la más mínima cesión para otros fines que no sean los de producir palma africana o caña de azúcar. Eso significó para las comunidades indígenas y campesina un nuevo despojo y expulsión de sus territorios. Esta situación ha disparado la vulnerabilidad de estas personas dado que ya no pueden producir su alimentación.
Esta situación se ha agudizado principalmente en la llamada Franja Transversal del Norte y en el Departamento del Petén, debido a que se trata (por la riqueza de los suelos, la cantidad de mantos acuíferos y su clima) de las mejores tierras para este tipo de cultivo no sólo en Guatemala sino en el mundo.
Hechos recientes. El 15 de marzo recién pasado unas 600 familias fueron brutalmente desalojadas de las fincas que habían invadido desde hace casi dos años por los supuestos dueños de las mismas. El desproporcionado uso de violencia y la total impunidad con la que actuaron hizo saltar las alarmas sociales y circularon por el mundo tomas y noticias de un hecho que le costó la vida a un campesino y ha dejado en la miseria a 16 comunidades indígenas campesinas.
Los hostigamientos, desde entonces no han cesado y el sábado 14 de mayo murió otro campesino y cinco más cayeron heridos debido a las balas disparadas por la guardia privada de los ingenios que reclaman el uso de las tierras.
El detonante para estas agresiones ha sido la renegociación de las tierras. Resulta que la empresa cañera que adquirió las tierras por medio de un préstamo del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) no había logrado sus objetivos de producción y el banco había puesto en subasta las tierras (2010). Esta situación fue aprovechada por las comunidades de campesinos alojadas en esas tierras que habían sido abandonadas y habían establecido un diálogo con el gobierno para la adquisición/entrega de las mismas. La renegociación de las tierras con la familia Pelas de Nicaragua (productora de ron “Flor de Caña” y la urgencia de aprovechar la época para la siembra de caña, provocó la expulsión de las familias y el cierre de negociaciones como una reacción del gobierno a las críticas recibidas tras los hechos de marzo.
Sin más respuesta por tanto, de parte del Gobierno, que la ruptura del diálogo, la expulsión y la represión, las comunidades se han visto obligadas a refugiarse en casas de familiares, de familias vecinas solidarias o a quedarse a la orilla del camino a inmediaciones de las fincas. Aquellos a quienes no les quemaron las cosechas en marzo han intentado ir sacando de manera clandestina el producto de su trabajo con el único fin de garantizar su seguridad alimentaria. De allí que la represión no haya cesado y que los finqueros argumenten provocación por parte de las y los campesinos.