Hace unos días se publicó el listado de los beneficiarios de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). La publicación de estos datos, que puede parecer algo normal en la rendición de cuentas sobre la utilización de dinero público, es toda una novedad. Estos datos se publicaron por primera vez el año pasado (2010), con la oposición manifiesta de los gobiernos europeos y de la misma Comisión europea, incluso se han interpuesto recursos judiciales contra su publicación.
Que un ejercicio de transparencia como éste se consiga sólo a medias (los datos son incompletos) y contra la voluntad de los gobiernos que han tenido que ceder ante la creciente presión ciudadana es un claro indicativo de la calidad democrática del sistema en que vivimos. Sea como fuere, ya tenemos los datos del 2011 que vuelven a confirmar lo que ya vimos el año pasado; quien recibe mayoritariamente el dinero de la PAC no son los y las agricultoras (tal y como cabría esperar) sino un puñado de empresas que, por sus cuentas de resultados, no parecen ser los más “necesitados” de recibir ayudas públicas. Se mire por dónde se mire el actual sistema de ayudas de la PAC es injustificable, algo tiene que cambiar en los criterios de asignación de estas ayudas para que sean justas, equitativas y socialmente aceptables, incluso para que tengan el más mínimo sentido común.
